Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos

En 1998, la Comisión Europea consolidó una serie de contactos en los países
centroamericanos y Panamá, con vistas a incluir dentro de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos acciones en América Central.

Así nació el Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos en América Central, con un presupuesto de 10.8 millones de EUROS, integrado por seis programas país y dos programas regionales. Sus objetivos centrales han sido apoyar acciones que consoliden las democracias de la región, el estado de derecho y el respeto de los Derechos Humanos, incluyendo acciones en la defensa de los Derechos Humanos, mediante el uso de normas y procedimientos internacionales de protección, capacitaciones en Derechos Humanos a oficiales de las fuerzas militares de los países de la región, apoyo a la creación de espacios de comunicación entre la sociedad civil y el marco institucional democrático (incluyendo las fuerzas militares) y consolidación de las instituciones regionales de defensa de los derechos humanos.

Esta decisión correspondió a una aproximación estratégica de la Comisión, basada en el largo plazo y orientada a lograr un mayor impacto, sobre los incipientes procesos democráticos en la región. Al mismo tiempo, se articulaban en esta estrategia los programas en el terreno, en consonancia con los compromisos comunitarios en materia de Derechos Humanos y Democracia.

El diseño de los programas país, con una concepción única de ejecución, impulsó la figura de Consorcios integrados por diversas instituciones, para llevar a cabo los objetivos previstos. Esta modalidad conllevó a recorrer un camino de aprendizaje difícil y escarpado. Las organizaciones miembros debieron reflexionar e integrar a la implementación de las acciones una metodología común de ejecución concertada, que se hizo posible gracias a una gran
voluntad institucional de ir mas allá de la ejecución, intentando crear nuevas formas de cooperación para ofrecer a los ciudadanos acciones de mayor impacto, contenido y alcance.

La experiencia nos muestra que este primer desafío interno se ha cimentado y que las organizaciones han reacomodado sus ritmos y sus prioridades, pudiéndose hoy afirmar que el trabajo en Consorcio, compartiendo financiamiento y metodología, es una nueva cultura que las organizaciones han incorporado, aplicando en su quehacer, la concertación exigida a las instancias gubernamentales y estatales.

La estrategia del programa consistió en construir puentes institucionales, logrando acuerdos en la ejecución con instancias u organizaciones que le sobrevivirán, la que se ha visto consolidada y fortalecida durante estos cuatros años, en cada uno de los países sin excepción. De igual manera la articulación de redes, la conformación de socios con organismos de la Sociedad Civil, con autoridades públicas y otros sectores en la búsqueda de cambios de la cultura de la desconfianza, ha permitido que una cultura de confianza y cooperación eche raíces. Hoy se puede afirmar que estas acciones han establecido una aproximación positiva entre sociedad civil y Estado, construyendo el necesario
armazón de la consolidación democrática; fortaleciendo la ciudadanía responsable, constituyéndose en un instrumento para la prevención de conflictos en la región.

Niños y niñas, primera prioridad

Para poder contar con leyes que los protejan e Instituciones que las promuevan y hagan respetar, el proyecto “Apoyo a la Protección de los Niños ante la Explotación Sexual Comercial” ejecutado por ECPAT Internacional en alianza estratégica con la Unión Eu-ropea y Ayuda Irlanda, se enfocó en promover y fortalecer la legislación de los derechos de los niños en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, incrementando los mecanismos de protección y leyes existentes, promoviendo reformas de ley y mejorando la recolección de datos. Su presupuesto total fue de 562.265 EUROS, con un aporte comunitario de 449.812 EUROS.

Uno de los grandes logros de este proyecto fue la publicación de un manual para la Policía y funcionarios de Migración aplicable a todos los países, manuales legales/judiciales y educativos sobre el tratamiento de casos de explotación comercial sexual de niños.

En la ejecución participaron las siguientes contrapartes locales: Ni-caragua: Asociación TESIS. El Sal-vador: CEMUJER. Honduras: Save the Children UK. Guatemala: ECPAT Guatemala. Costa Rica: Fundación Paniamor. Quienes lograron posicionar la necesidad de introducir las reformas legales necesarias para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en las legislaciones de sus países, mediante el consenso y la participación de actores claves en este proceso.

En El Salvador, se aprobó una primera reforma legislativa en noviembre del año 2003, que fortalece la protección de las personas menores de edad ante la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y es un primer paso hacia reformas necesarias más profundas que normen el tema.

La organización de un taller técnico para la definición de contenidos básicos sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en las legislaciones penales de los países de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, por parte de IPEC/OIT y ECPAT Internacional, ha servido para que el documento final emanado de la misma, sea utilizado como base de las propuestas legislativas en los países de la subregión.

Los Estudios Legales elaborados en cuatro países del Proyecto (Gua-temala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) donde se identificaron los vacíos existentes en las legislaciones actuales referente a la protección de niñas, niños y adolescentes ante la explotación sexual comercial, han sido un insumo y una contribución importante a los procesos de cabildeo de reformas en dichos países. En casos como el de Honduras y Nicaragua, es más bien un conglomerado de instituciones y organizaciones que mediante reuniones de consenso están en proceso de introducción de una propuesta de reforma legislativa ante el Congreso.

El Proyecto fortaleció a las contrapartes en el tema y ha estrechado alianzas con los órganos de represión de este tipo de delitos. En Costa Rica con el Ministerio de Seguridad Pública, autoridades de migración y de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica. En Honduras con la Policía Preventiva de Hon-duras y los órganos de Justicia del Estado.

En Costa Rica, un prototipo de Sistema de Información para darle seguimiento a los casos de explotación sexual comercial ha sido presentado y avalado por el Fiscal General de la República. Este Sistema es el primero de este tipo implementado en América Latina.

En Honduras, la propuesta de reforma de ley redactada por el proyecto fue adoptada por el Comité Nacional en contra de la Explotación Sexual Comercial de niños y niñas (CSEC) y transformada en el proyecto de reforma de ley que ha sido aprobada en septiembre de 2005.

Derechos Humanos, un tema central en la relación entre la Unión Europea y América Central

El 10 de diciembre se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos. La Unión Europea consciente de su importancia trascendental ha incluido como uno de sus objetivos, durante más de dos décadas, apoyar a la región en el proceso de pacificación y democratización del istmo. Esta dinámica, se ha trasformado en una iniciativa que incluye diálogo político y de apoyo al fortalecimiento del Estado de Derecho y la difusión de los valores democráticos. Una vasta tarea, sobretodo si tomamos en cuenta la debilidad de las instituciones democráticas en el período que siguió a los acuerdos de Paz.

Resulta entonces esencial hacer irreversible el proceso democrático para que haya un fortalecimiento del estado de derecho y se facilite el desarrollo económico y social sostenible de las futuras generaciones.

Los Programas de derechos humanos que la Comisión apoya, tienden a fortalecer las capacidades de participación ciudadana en espacios de diálogo y negociación para la elaboración de consensos a nivel local, nacional o sectorial. El eje central de estas acciones es procurar una atención especial a los liderazgos políticos y sociales que multipliquen una cultura de respeto a los derechos de la persona.

Estas acciones, ejecutadas conjuntamente por la sociedad civil y organizaciones del estado, están contribuyendo a consolidar un nuevo escenario regional, reforzando el conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos, así como impulsando la coordinación de acciones conjuntas con gobiernos municipales y departamentales, para solucionar los problemas encontrados a mediano y largo plazo. Todo esto, con vistas a un futuro donde se fortalezcan los valores universales de Derechos Humanos y Democracia.

En esta nueva década del siglo XXI, los gobiernos pertenecientes a diversos sistemas políticos, culturas y razas, han promovido y aceptado la incorporación de normas y estándares universales en materia de derechos humanos de manera responsable y más allá de sus fronteras. El mundo no había visto antes, un escenario donde los derechos humanos se constituyeran en un elemento integrado y cardinal del universo político, legal, moral y ético.

Sin embargo, aún queda camino por recorrer.

Necesitamos instalar a la persona humana, como centro y referencia. Para ello aún se requiere vigilancia, esfuerzo y valentía. La perspectiva histórica de este nuevo siglo, nos abre la esperanza de hacerlo realidad.

Acceso a la justicia en Centroamérica : La trilogía de la cooperación comunitaria

La Corte Interamericana de DDHH ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana , toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”

Han pasado ya once años desde que en 1994, una decisión del Parlamento Europeo creara la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). En ella, se buscaba agrupar las líneas presupuestarias relacionadas con la promoción de los derechos humanos, la democratización y la prevención de conflictos. A la fecha, la iniciativa ha tomado dimensiones importantes incluyendo entre sus temas la consolidación del Estado de Derecho y el apoyo a las actividades de Tribunales Penales Inter-nacionales y la instauración de la Corte Penal Internacional.

En esta línea de coherencia, complementariedad y coordinación, la Comisión Europea decidió apoyar tres proyectos intrínsecamente relacionados e interdependientes. Dos de ellos tienden a reforzar la acción del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Huma-nos de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyos brazos ejecutores son: la Comisión Intera-mericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y el tercero promueve y fortalece el quehacer de una organización de la Sociedad Civil : el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL-Mesoamérica) que interviene en todos los países del istmo y Panamá. Estos proyectos se enmarcan en el Programa Plurianual de Democracia y Derechos Humanos en Centro América.

Hoy en día no se pueden negar los avances en los procesos de democratización de la región. Sin embargo, aún persiste un enorme desafío relacionado con el acceso a la jus-ticia para todos los ciudadanos y el fin de la impunidad. Estos temas tienen que ver con el pasado reciente de la región, y, esencialmente, con el respeto a los derechos políticos, económicos y sociales en la actualidad.

La impunidad es un obstáculo para el fortalecimiento del estado de derecho y la democracia. La impunidad permite que numerosos crímenes graves queden sin castigo, lo que propicia la repetición de las violaciones.

La única forma de combatir la impunidad es la independencia judicial y el fortalecimiento del aparato investigativo y acusatorio, es por ello que el estado debe proveer un debido proceso que cumpla con la obligación de investigar los hechos denunciados, enjuiciar a los responsables y sancionarlos.

Estas carencias, propias de cada uno de los países de la región en materia de administración de justicia, han hecho que el Sistema Interameri-cano de Defensa y Protección de los Derechos Humanos se convierta en la única respuesta posible una vez agotados los mecanismos nacionales de administración de justicia. Su finalidad es cumplir con las aspiraciones ciudadanas a través del incremento de la celeridad y eficiencia de la Corte y de la Comisión en la atención de la creciente demanda de tramitación y resolución de casos, medidas provisionales y opiniones consultivas que se presentan a su consideración.

En esta trilogía de intervención la Comisión y la Corte aportan el marco institucional de resolución, CEJIL por su parte, junto a los querellantes, presenta y tramita los casos de violaciones de Derechos Humanos ante la Comisión y la Corte , quienes emiten resoluciones y sentencias que obligan a los estados a reconocer su responsabilidad frente a dichas violaciones y a entregar una reparación moral y financiera a las víctimas.

El trabajo paralelo y complementario de estas tres instituciones ha permitido que la Corte , previa resolución y litigio de la Comisión y de CEJIL haya podido pronunciarse en casos paradigmáticos estableciendo la responsabilidad del estado en el asesinato de la antropóloga Mirna Mack, en Guatemala. En el caso de las Aduanas en Nicaragua, se logró que por primera vez el Estado nicaragüense permitiera abrir un diálogo para alcanzar un consenso en la forma de ejecución de las recomendaciones de la Comisión. Finalmente , es preciso señalar la obtención de medidas cautelares logradas para los enfermos terminales de VIH/SIDA en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Para estos proyectos, gestionados desde la Delegación de la CE para América Central y Panamá, el aporte comunitario se eleva a 600.000 EUROS para la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 818.345 EUROS para la Comisión Interameri-cana y 700.000 EUROS para CEJIL Mesoamérica.

Entrevista : Sra. Beatrice Alamanni de Carrillo, Procuradora de DDHH

Doctora de Carrillo, usted lleva cinco años al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ¿Cómo resumiría usted su experiencia en una cartera tan delicada para la vida democrática del país?

Considero que, para El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la entidad más significativa para el control de la democracia real del país, además, contribuye a que la constitucionalidad mantenga realmente un alto nivel y a que los principios constitucionales se hagan realidad a través de las actuaciones del sistema público. Es, por tanto, una labor ardua, sumamente delicada, peligrosa, por el entorno que todavía refleja una dificultad asimilar; un tipo de control y de fiscalización de las instituciones públicas que ponen en entredicho, muchas veces la tranquilidad y la paz de quienes trabajamos en esta área de los derechos humanos.

Usted es miembro del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, además, es Vice Presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsman ¿Cómo se vincula el proceso de integración regional y la labor de la Procuraduría hacia los diferentes países de la región?

Siendo parte integrante del Consejo Centroamericano de Procuradores para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador siempre he considerado, a través de mi gestión, la importancia que tiene la integración para el área centroamericana, pero, en especial, creo que los derechos humanos, siendo un tema apolítico, profundamente humanitario, humanista y, fundamentalmente, constitucional, debe significar el enlace más profundo y más certero para que se alcance, a una brevedad posible, una auténtica unión centroamericana. Diría, en este aspecto, que es muy significativo también la participación de la Procuradora de El Salvador con los demás compañeros centroamericanos en el ámbito de la Federación Iberoamericana de Ombuds-man (FIO), que reúne a todos los Procuradores de habla española y portuguesa: desde México hasta la “Tierra del Fuego” y también los europeos: España, Portugal y Andorra.

Esta Federación tiene esa tendencia a la integración de principios democráticos en los derechos humanos y me honro en ser Vice Presidenta de esta importante organización durante tres períodos, siendo la primera vez que una mujer, una salvadoreña haya logrado ese cargo.

¿Cómo ve usted, hacia el futuro, el desarrollo del trabajo de las Procuradurías de la región? ¿Cuáles son, a su juicio, los más importantes desafíos que deberán enfrentar?

Los principales desafíos de las Procuradurías latinoamericanas en general y, en especial, las Procuradurías centroamericanas, consisten en un auténtico desarrollo de la promoción de los derechos humanos en el ámbito de la sociedad civil, para lograr que un número más ex-tenso posible de ciudadanos y ciudadanas adquiera la conciencia de sus derechos, aprenda en forma civilizada y pacífica a demandarlos al Estado y mantenga un alto grado de participación ciudadana. Éste se ha vuelto el más importante desafío de todas las Procuradurías como tales.

Por otro lado, creo que las Procuradurías tienen una función de controladoras de la democracia y del rumbo correcto que deben llevar las instituciones públicas para mantener un fortalecimiento auténtico del Estado de Derecho, que es el único antídoto real al desorden social, a la zozobra y a la falta de paz social. Por tanto, es importantísima la función de la Procuraduría en estos dos aspectos. La Promoción por un lado y el control y la fiscalización del Estado por el otro.

Derechos Humanos en la Costa Caribe

El apoyo a las pueblos indígenas y afro descendientes es una prioridad en la política de Derechos Humanos de la Comisión Europea. Ejemplo concreto de este interés prioritario es el proyecto Apoyo a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afro descendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, que cuenta con una financiación de 983.188 EUROS por parte de la Comisión Europea y es ejecutado por la ONG italiana CISP, teniendo como contrapartes nacionales a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN) y al Centro de Derechos Humanos Ciudadanos y Autonómicos (CEDHECA).

A través de las acciones del proyecto se entregan las herramientas necesarias para que las poblaciones conozcan sus propios derechos y las formas de protección y defensa existentes en el marco jurídico nacional e internacional. Entre las acciones realizadas en sus dos años de ejecución podemos mencionar las capacitaciones a la sociedad civil, que se han llevado a cabo en forma piramidal. Así, las asambleas comunitarias establecen un Plan Comunitario de acciones, cuyas conclusiones se integran en el documento “Plan de Vida de las Comunidades Indígenas”. Éste será divulgado a los principales actores de la Costa y, a su vez, será entregado a los Gobiernos y Consejos Regio-nales como herramienta para la toma de decisiones y dirección de políticas públicas, teniendo en cuenta la visión que las comunidades tienen sobre sí mismas.

En el ámbito educativo se está haciendo la redefinición de los módulos de Diplomado por parte de la URACCAN para otorgar 25 becas de estudio anual para el Diplomado en Mediación de Conflictos que imparte esa universidad. Con el objetivo de establecer puentes y consensos en la región se realizó también un encuentro anual de discusión, sobre los avances en el tema de los derechos de las poblaciones indígenas y de ascendencia africana, entre autoridades locales y regionales y organizaciones indígenas. Este IV Simposio sobre Auto-nomía fue convocado por la URACCAN y la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU). Todo el material didáctico y de metodología está siendo traducido a las lenguas autóctonas.

Este año se ha firmado un Convenio de colaboración tripartito entre CEDEHCA, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia en el que se establecen los términos de colaboración entre las tres entidades para llevar a cabo las acciones de recepción de denuncias en forma coordinada. Esta labor será llevada a cabo por los 230 Promotores de Derechos Humanos del Proyecto en el terreno y será monitoreada por las tres instituciones.

También se ha iniciado la publicación de un boletín mensual sobre Empoderamiento Juvenil y Lucha contra el Racismo y se está trabajando en la compilación de documentos sobre Historia Oral de las comunidades de la Costa Caribe , con el objetivo de elaborar dos documentos de carácter educativo didáctico, que podrían formar parte de los documentos oficiales de texto escolar y universitario en la Costa , y dentro del marco del Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR).

Uno de los mayores logros del proyecto es la coordinación interinstitucional. Siendo, además, relevante el hecho de que éste es el único proyecto en el área con la temática específica de derechos humanos en el marco de la autonomía regional. Finalmente, la presencia de los promotores jurídicos en las comunidades es, en sí misma, una acción de prevención de conflictos.

Teléfonos de emergencia para denuncias de violaciones de DDHH

GUATEMALA
Denuncias de Derechos Humanos y Derechos del Niño:
(502) 2424 1717 para Denuncias de la Procuraduría de Derechos Humanos, atiende las 24 horas. A partir de enero 2006, funcionará el 1555 para denuncias directas.

EL SALVADOR
Procuraduría de Derechos Humanos: (503) 2222 5810.

HONDURAS
Comisionado de Derechos Humanos: (800) 220 0007.
Policía Nacional: *114 para denuncias de violencia doméstica. También está disponible el *199.
Fiscalía de la Niñez :
(504) 221 3099.

NICARAGUA
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH):
(505) 222 2563, 266 8940, 268 2116.
Procuraduría Especial de Derechos Humanos:
(505) 266 3257, 266 3258, 266 0597.
Violaciones a los Derechos de la Niñez :
Ministerio de la Familia
(MIFAMILIA): (505) 270 2644.

COSTA RICA
Defensoría de los Habitantes:
(506) 258 8585, 258 7373.

PANAMÁ
Defensoría del Pueblo:
(507)214 9835.
Policía Técnica Judicial:
(507) 262 6979.

Los Derechos Humanos en la construcción de la UE

Los Derechos Humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho están en la base de la construcción europea. Su importancia está plasmada en los tratados constitutivos desde su origen como grandes principios inspiradores del quehacer comunitario, sin embargo, su consolidación como norma vinculante se ha ido reforzando con el paso de una Comunidad económica hacia una Unión política.

•Tratados fundacionales: establecen los prólogos que la UE respeta y promueve los principios universales recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional de De-rechos Económicos, Sociales y Culturales.

•Tratado de la Unión Europea (1993): significa una etapa decisiva en este marco de las relaciones exteriores al ligar estrechamente la política de desarrollo con la defensa de los principios y libertades fundamentales, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. El TUE establece que el desarrollo y consolidación de la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales son uno de los objetivos de la Política Exterior y de Defensa Común y de la Política de Cooperación al Desarrollo.

• Desde mayo de 1995, la acción exterior (coherente con la acción interior) de la UE será guiada por el respeto a los Convención Europea de derechos fundamentales. Todos los acuerdos de la UE con terceros países han de incluir la llamada cláusula de Derechos Humanos. La cláusula incluye tres partes: mención en el prólogo de los acuerdos como principios generales, mención como elementos esenciales del acuerdo (artículo 1) y una cláusula de no aplicación que puede llevar a la suspensión del acuerdo en caso de violación sistemática de los elementos esenciales.

•Tratado de Ámsterdam (1999): Establece que la UE se funda en los principios de libertad, democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales que son comunes a todos. Su violación sistemática por parte de un estado miembro puede llevar a al suspensión de la aplicación del Tratado a dicho estado.

•Este tratado confirma la consolidación de los derechos humanos como un objetivo transversal de la política comunitaria: en este sentido, se consolida su importancia en el diálogo político que la UE mantienen con sus socios; se extiende la cooperación de la UE en este materia consolidando una línea de trabajo global bajo la “Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos” y se incorpora la defensa de dichos principios en políticas unilaterales de la UE como la política comercial a través del Sistema de Preferencias Generalizadas que concede acceso preferencial al mercado europeo a aquellos países en desarrollo que cumplan requisitos de conformidad con el respeto, la defensa y promoción de los derechos humanos (incluidos los laborales) y el buen gobierno, entre otros.